Ante la evidencia de un parque de vivienda usada en Euskadi muy anticuado, el Gobierno Vasco puso en marcha en junio de 2013 la certificación de eficiencia obligatoria en todos los pisos en venta y alquiler. Desde entonces, 65.000 hogares han obtenido su certificación.
No obstante, la inspección sobre el cumplimiento sobre esta normativa por parte del ejecutivo no ha sido todo lo eficaz que se esperaba. El Gobierno prevé comenzar a sancionar a partir de 2017 infracciones que atenten contra al derecho a esta información, con sanciones máximas de 6.000 €.
El objetivo es que este sello sea una referencia para el comprador o arrendador de un inmueble. Pasar de la D a la E, puede suponer un ahorro anual de 700,00 €. Se debe de tenerlo a disposición el momento que se publicita la vivienda y por norma, se obtiene cuando el notario lo exige para proceder a la inscripción de la vivienda.
El tema de los alquileres es más complejo. Se ha puesto en marcha un registro obligatorio de los contratos de alquiler y , aunque no se exija el certificado en el momento del registro, se cruzarán los datos para ver si la vivienda registrada dispone de él.
Los incumplimientos serán sancionados según su gravedad: Leves de 300 a 600 euros, las graves, hasta 1.000 euros y los muy graves, con una cuantía de 6.000 euros.
Quienes publiciten la venta o alquiler sin hacer mención a su calificación energética estarán cometiendo una infracción leve, mientras que la venta o el alquiler de un inmueble sin que el dueño entregue el documento, será considerado como una falta grave. Serán faltas muy graves, falsear la información, publicitar una calificación no respaldada por el certificado.
Para obtener esta certificación, los propietarios deben de contratar a un técnico acreditado (arquitecto,aparejador o ingeniero) que realizará el chequeo energético de la vivienda. El documento tiene una validez de diez años.
El precio de esta certificación es variable, pero puede oscilar entre los cien y los doscientos euros.